Vivimos en un archipiélago de problemas, rodeados de un océano de incertidumbres, donde cada marea —pandemia, crisis energética o guerra— amenaza con colapsar todo lo que conocemos.
La alimentación y la existencia cotidiana de los dos millones de habitantes de las Islas Canarias se sostienen sobre un equilibrio frágil, dependiente de un sistema de importaciones y de una producción local insuficiente que, a medio y largo plazo, se volverá insostenible y dañino para el conjunto del ecosistema.
Según un estudio de la Universidad de La Laguna basado en datos del ISTAC y la Dirección General de Aduanas, Canarias produce localmente entre el 10% y el 20% de los alimentos que consume, lo que sitúa su dependencia de las importaciones entre el 80% y el 90% del consumo total. Una dependencia que arrastra consigo un coste ecológico cuya factura crece día a día. Según la FAO — Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, aproximadamente el 30% de los alimentos producidos para consumo humano se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena de suministro, antes de llegar a la mesa. El transporte marítimo genera emisiones contaminantes significativas, y junto con la comida importamos cantidades ingentes de envases. La mayoría no se recogen de forma selectiva ni se reciclan: acaban enterrados en los vertederos de las islas, una herencia peligrosa que le dejamos a quien venga después.
Por otro lado, los pocos alimentos que se cultivan en las islas se producen, en su mayor parte, con un consumo hídrico desproporcionado y se destinan principalmente a la exportación — el caso del plátano o del aguacate. La agricultura local no solo produce alimentos insuficientes para sus propios habitantes, sino que genera además grandes cantidades de plástico agrícola que no se recupera adecuadamente y termina, con demasiada frecuencia, en las aguas del océano.
Todo esto mantiene nuestro sistema alimentario como un enfermo conectado a máquinas que lo sostienen artificialmente — con costes elevados y sin perspectivas claras de mejora. Tras la imagen paradisíaca de las islas, la realidad es inquietante: el plástico echa raíces a la sombra de las palmeras, y en las aguas del Atlántico los peces se alimentan de microplásticos.
El turismo es actualmente el principal motor económico del archipiélago, y sostenerlo exige importar una parte significativa de los alimentos que consume: hoteles, restaurantes y servicios turísticos dependen de una cadena de suministro exterior que no existe en cantidad suficiente en las islas. Es el precio de recibir casi 18 millones de visitantes al año, ocho veces más turistas que habitantes. Y, como en cualquier parque de atracciones, los visitantes se marchan y la basura se queda. Canarias genera 572 kilos de residuos por persona al año, la segunda tasa más alta de España, y la infraestructura de recogida y reciclaje lleva años sin crecer al mismo ritmo que la actividad turística.
Las consecuencias sobre la salud pública son documentadas y medibles. La falta de recursos limita las opciones alimentarias de muchas familias y las empuja a elegir los alimentos más baratos en detrimento de los nutritivos. Las Islas Canarias registran una de las tasas más altas de obesidad adulta de España, con un 22,6% de la población, y casi la mitad de los adultos presenta algún grado de exceso de peso. Entre los menores, el panorama es aún más grave: el estudio ALADINO-Canarias identificó una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 43% en niños de entre 6 y 9 años, cifra que ascendió al 45,8% tras la pandemia. La diabetes tipo 2 — asociada a la obesidad y a una alimentación deficiente — registra en el archipiélago una de las prevalencias más altas del país, con un diagnóstico cada vez más frecuente a edades tempranas.
Todos estos problemas son estructurales e interconectados: cada uno alimenta al siguiente, y juntos apuntan hacia un futuro que no podemos permitirnos ignorar. Esta página no es un alegato — es el punto de partida de una conversación necesaria.